2.127'759.000 de pesos. Esa es la cifra por la que Carlos Cárdenas demandará al Estado Colombiano en una indemnización que solicitará por daños y perjuicios en el marco del caso Colmenares, luego de que fuera uno de los primeros sospechosos por la muerte del joven guajiro en octubre de 2010. 

Según el diario El Tiempo, antes de que se conociera la absolución a Laura Moreno y Jessy Quintero, ya la defensa de Cárdenas estaba sentada con la Fiscalía notificando la millonaria demanda que incluye “el pago de 748 millones por los gastos de su defensa, entre los que se destacan 580 millones para la oficina del exfiscal Mario Iguarán”. 

La demanda también cobija los “daños morales” a Cárdenas y a sus padres y dos hermanas: ese pago correspondería a 147 millones de pesos para él, y 74 millones de pesos para cada uno de sus familiares. 

También piden 737 millones de pesos por daño reputacional, exigiendo al tiempo que el Estado asuma la “reanudación del proyecto de vida de Cárdenas”, que incluye sus estudios en la Universidad de los Andes en la carrera de ingeniería por valor semestral de 15 millones de pesos. 

En la demanda, la defensa de Cárdenas solicita al igual un acto público de desagravio  y los costos de rehabilitación “física, psicológica y psiquiátrica total de la víctima directa y de su núcleo familiar”, entre otros pagos.

El universitario Luis Andrés Colmenares apareció muerto en un caño situado en un parque de Bogotá el 1 de noviembre de 2010 tras una noche de fiesta junto a sus amigos.

Inicialmente se consideró que el joven se había suicidado con base en declaraciones de su pareja, Laura Moreno, y de amigos, si bien diferentes datos forenses hicieron que se reabriera el proceso judicial.

Un informe forense determinó que Colmenares fue atacado antes de caer al caño, pero la semana pasada una jueza aseguró que el joven guajiro se golpeó fuertemente en la cara y su muerte por tanto no se debió a golpes propinados por terceros.

Carlos Cárdenas, según la demanda, fue privado "injustamente de la libertad, amén de que él y su nucleo familiar sufrió daños por el error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia” y añade que sus expectativas de vida se vieron truncadas “de manera abrupta, no por el hecho de que hubiera tenido que asumir el proceso, sino por la excesiva e innecesaria exposición mediática que las entidades convocadas, particularmente la Fiscalía general de la Nación, le dieron al caso".